"El caso de Ariane Lavrilleux ha consternado a la prensa francesa en pleno. Según la acusación realizada por el Ministerio de Defensa, el trabajo de la periodista de Disclose habría violado secretos que comprometían la defensa nacional y revelado información que podría conducir a la identificación de un agente protegido. Nueve oficiales de la Dirección General de la Seguridad Interior (DGSI), acompañados por un juez de instrucción especializado en la lucha antiterrorista, irrumpieron el pasado martes en su domicilio de Marsella a las 06.00 de la mañana. Se la llevaron detenida y registraron su casa, su teléfono y su ordenador a conciencia. Ella permaneció en dependencias policiales durante 39 horas, eludiendo contestar la pregunta más importante de su larguísimo interrogatorio: ¿quién era su fuente?
Lavrilleux fue puesta en libertad sin contestar a una pregunta que vulnera el derecho a la libertad de información. Este derecho, según la ley francesa, no puede verse disminuido si existe un interés público en los secretos revelados. Colegas y organizaciones en defensa de la libertad de prensa, preocupados por el aumento gradual de la presión que el gobierno de Emmanuel Macron ejerce sobre ellos, pusieron el grito en el cielo. ¿Pero qué desveló Ariane Lavrilleux que fuera tan peligroso para el Estado francés?
En pocas palabras, la supuesta complicidad del gobierno en el asesinato de civiles en Egipto. Para publicar esta noticia, la web Disclose tuvo acceso a cientos de documentos clasificados procedentes del Elíseo, el servicio militar de espionaje y el Ministerio de Defensa. En ellos se informaba de las evoluciones de la llamada Operación Sirli, un acuerdo de colaboración entre Francia y Egipto para desarticular células terroristas. El ejército francés proporcionaba la información y Egipto actuaba contra los sospechosos. La naturaleza de esta actuación podría constituir un delito de crímenes de lesa humanidad.
La misión empezó en 2016 y, según lo expresado en los memorandos de los servicios secretos del ejército galo, consistía en realizar vuelos de reconocimiento sobre la frontera de Libia y Egipto. El gobierno de Abdelfatah Al Sisi quería detectar la posible infiltración de terroristas libios en su territorio. Pero quienes cruzan habitualmente esa frontera son, en su mayoría, contrabandistas de tabaco, gasolina o perfumes. También de droga y de armas. Pero desde el aire es imposible saber cuál es su mercancía. Y mucho menos si quienes viajan en las camionetas son o no terroristas. ¿Qué hacía Al Sisi con la información y las coordenadas proporcionadas por los vuelos franceses? Bombardear indiscriminadamente. La cifra exacta de civiles asesinados es desconocida, pero la Operación Sirli siguió en marcha al menos hasta 2020. A tenor de los documentos redactados a lo largo de ese periodo, podrían ser centenares. Y el Elíseo estaba puntualmente informado de todo.
Cuando Ariane Lavrilleux publicó la exclusiva en 2021, el entonces primer ministro Jean Castex se comprometió en la Asamblea nacional a realizar una investigación de los hechos. Esa investigación se cerró en falso y hoy, tras el revuelo organizado por la detención de la periodista, sigue sin haber una declaración oficial al respecto. Todo es silencio.
Pero la labor de Lavrilleux no terminó ahí. La periodista siguió recabando información que, de alguna manera, daba respuesta a la gran pregunta: ¿por qué Francia se mostró dispuesta a participar en aquellos presuntos crímenes de Estado perpetrados en el marco de la Operación Sirli? Al parecer, por una cuestión de alianzas. Al Sisi, que llegó a la presidencia de Egipto mediante un golpe de Estado en 2013 y que permaneció en el poder tras una farsa electoral escenificada en 2018, ha sido siempre un aliado estratégico de Francia. París, oficialmente, ofrecía ayuda en la lucha antiterrorista y El Cairo compraba armas francesas al por mayor.
Una de estas adquisiciones, que en 2020 incluyó 30 aviones de combate, se cerró en el más absoluto de los secretos. Al Sisi pagó por ellos 3.600 millones de euros. Meses más tarde sería condecorado por Macron, quien para entonces ya conocía todos los detalles de la Operación Sirli, con la Gran Cruz de la Legión de Honor.
El derecho a saber
¿Deben las sociedades conocer las actividades de sus gobiernos? Es lógico pensar que sí, sobre todo cuando estas actividades atentan contra los derechos fundamentales de las personas. Se trata entonces de un asunto de interés general y el periodismo, en esas circunstancias, estará siempre por encima de cualquier secreto oficial. Pero no fue sólo por este respeto a la ley y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos por lo que Lavrilleux fue finalmente puesta en libertad. Para entonces la DGSI ya tenía otro objetivo: mientras ella salía de la comisaría marsellesa en la que estuvo detenida, la Fiscalía de París acusaba a un antiguo militar de desviar y divulgar secretos de la defensa nacional. La justicia cree que es una de las fuentes de Lavrilleux.
«Proteger sus fuentes es el derecho fundamental de todo periodista. Es la piedra angular de nuestro oficio y de la libertad de prensa. Sin mantener el secreto de las fuentes, sin respetar su derecho al anonimato, no hay posibilidad de informar al público», explicaba Mathias Destal, uno de los fundadores de Disclose, en un programa especial organizado por Mediapart. Su medio se financia a través de donaciones y sólo tiene tres periodistas con sueldo fijo en la plantilla. A pesar de su tamaño, cuatro trabajadores han sido interrogados o detenidos por la justicia francesa desde la creación de esta web en 2019.
Tras su liberación, Ariane Lavrilleux ofreció una rueda de prensa en la sede de Reporteros Sin Fronteras en París. Allí dio detalles sobre su interrogatorio. Según le hicieron saber los agentes, la periodista estaba bajo vigilancia de la DGSI desde hacía tiempo. La excusa para detenerla era la prevención de un ataque terrorista en suelo francés, pero no tocaron ese asunto en ningún momento. Lo único que les interesaba saber era quién o quiénes le facilitaron la información sobre la Operación Sirli en Egipto. «Estas fuentes son las que nos han permitido revelar crímenes cometidos contra civiles por varias dictaduras, desde Arabia Saudí a Egipto, con armas made in France. ¿La complicidad del Estado francés en estos abusos debe ser conocida por los ciudadanos y las ciudadanas? Sí, sin reservas», manifestó Lavrilleux.
Macron contra la prensa
Emmanuel Macron, en teoría adscrito políticamente en la tradición liberal, tiene un largo historial de acoso a la labor periodística. Los profesionales que cubrieron las manifestaciones de los chalecos amarillos no sólo fueron heridos por la policía antidisturbios sino incluso detenidos por registrar acontecimientos que tenían lugar en la vía pública. En 2019, dos periodistas de Disclose fueron trasladados a las dependencias de la DGSI para ser interrogados sobre una información que revelaba la utilización de armas francesas en la guerra de Yemen. Ariane Chemin, de Le Monde, visitó también los sótanos de la DGSI por publicar una información sobre el caso de Alexander Benalla, el responsable de seguridad del presidente. Son sólo unos pocos ejemplos de una pulsión autoritaria que preocupa enormemente a la prensa francesa.
La detención de Ariane Lavrilleux produjo una movilización sin precedentes en el gremio. Más de 40 medios y organizaciones profesionales firmaron una declaración conjunta mostrando su apoyo a la periodista y denunciando una actuación que consideran «gravísima» en «un contexto de multiplicación de procedimientos» contra los informadores en los últimos años. La lista de firmantes fue absolutamente transversal: había periódicos de izquierdas, como Libération, y de derechas, como Le Figaro. Incluso medios calificados habitualmente como reaccionarios, como BFM TV o Le Point. La indignación fue general. El propósito del gobierno con este arresto, dicen los colegas de Lavrilleux, es atemorizar a los periodistas y conseguir que los informantes se lo piensen dos veces antes de filtrar ningún documento.
«Ariane está bien, aunque ha experimentado un shock emocional», explicaba su abogada, Virginie Marquet. «Una periodista no puede acabar en prisión cuando realiza su trabajo de forma seria y sobre un tema de interés general. Ha demostrado mucha fuerza durante esas 39 horas, en un contexto, además, de presión y de estrés importante. Ahora está bien, porque ha defendido su trabajo, pero es imposible de aceptar que los periodistas, como ella dice, sean considerados delincuentes. Es escandaloso».
El caso de Ariane Lavrilleux ha sido la gota que colma el vaso de una
indignación que se viene gestando desde hace tiempo. Ya en 2020,
durante el tradicional mensaje que dirige a la prensa al inicio de cada
año, Emmanuel Macron vio, con evidente incomodidad, cómo Olivier Bost le reprochaba en público su actitud. Bost preside la asociación de periodistas que cubren la información del Elíseo y señaló
todas las carencias del presidente en materia de libertad de prensa. A
tenor de la deriva coercitiva que su gobierno ha seguido manteniendo,
Macron ignoró el mensaje." (Manuel Ligero, La Marea, 25/09/23)
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