"No me sorprende nada. Ha hecho esto cada vez que ha tenido un problema”, señala un exdirigente del PP, refiriéndose a las amenazas y coacciones a periodistas de Miguel Ángel Rodríguez
(Valladolid, 60 años), conocido como MAR, con un sueldo público de
94.324,20 euros como jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel
Díaz Ayuso. Y añade: “Ha enviado mensajes mucho peores a miembros del
partido: ‘Eres un mierda’, ‘Te voy a arruinar la vida’, cosas de ese
tipo... Pierde las formas rápidamente. En su caso, es un patrón: amenaza
y desvía el foco vendiendo mercancía averiada a medios dispuestos a
comprarla. Monta un escándalo para tapar otro. Lo hizo con Casado y el
espionaje a Ayuso para tapar lo de su hermano, y lo está haciendo ahora.
Se está hablando más de él que del defraudador fiscal y ese era uno de
los objetivos. No le importa ponerse él por delante porque lo que le
gusta es ejercer ese personaje. Pagaría por hacer lo que hace porque a
lo único a lo que tiene pánico Miguel Ángel Rodríguez es a irse a su
casa y dejar de ser relevante”.
Los jefes de gabinete y
de prensa y los políticos en general tratan de condicionar a los
periodistas para que sus informaciones beneficien o no perjudiquen a sus
intereses. Sortear esas presiones son gajes del oficio. Pero, como
señalan todas las fuentes entrevistadas para elaborar este texto
—dirigentes y exdirigentes de distintos partidos y periodistas de
diferentes medios—, Rodríguez, la mano derecha de Ayuso, ha ido mucho
más allá: hasta la amenaza, los insultos y la difusión de bulos sobre
los profesionales que no se someten a sus manipulaciones y que
investigan al novio de la presidenta, Alberto González Amador, imputado
por fraude fiscal y falsedad documental. El último ejemplo ha sido
señalar, con fotografía, nombre y apellidos, a dos periodistas de EL
PAÍS acusándolos de algo totalmente falso —acosar a menores en las inmediaciones de la residencia de la presidenta madrileña— y a reporteros de Eldiario de asaltar, “encapuchados”, la vivienda.
El
penúltimo fue asegurar que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo al
novio de Ayuso unas horas después de conocerse la presentación de la
denuncia contra él, y que lo había retirado después por “órdenes de
arriba”. Lo cierto es que fue González Amador, a través de su abogado,
quien había ofrecido el pacto y admitido ya los delitos cometidos contra Hacienda —que, pese a todo, la presidenta madrileña negó en público—. El modus operandi
de Rodríguez vulnera el artículo 20 de la Constitución, que recoge el
derecho a comunicar y recibir información veraz. Es una estrategia
engrasada a lo largo de décadas, al menos, desde que, en 1996, José
María Aznar lo nombró secretario de Estado de Comunicación y portavoz de
su primer Gobierno. Y es una estrategia hasta ahora impune que ha
precisado de cooperadores necesarios,
los medios “dispuestos a comprar mercancía averiada”, como asegura un
miembro del mismo partido de la presidenta para la que trabaja
Rodríguez: el PP.
“Si esto que ha hecho ahora”, añade un
miembro de Vox, “lo llega a hacer el jefe de gabinete de [Carles]
Puigdemont o de [Alberto Núñez] Feijóo, habría acabado con la carrera de
los dos, pero aquí no pasa nada porque Miguel Ángel lleva 30 años en
esto, conoce a mucha gente en los medios y cuando no le obedecen, va a
por ellos, le da igual a la derecha que a la izquierda. Se dedica a
inventarse cosas y amenazar, sobre todo a ciertas horas ”. Fuentes de
este partido, con el que el PP gobierna en cinco comunidades autónomas,
relatan un episodio de amenazas a Iván Espinosa de los Monteros y Rocío
Monasterio —“Hasta vuestros hijos se van a arrepentir”— motivado por el
apoyo de Vox a la comisión de investigación parlamentaria sobre el aval
de 400.000 euros a una empresa participada por el padre de Ayuso.
“En esa época estaban muy nerviosos. La amenaza fue verbal, a través de
un diputado del PP en la Asamblea que ahora es diputado nacional. No
podemos saber si lo enviaba Rodríguez, que es quien controla todo, pero
su patrón de conducta ha sido siempre ese: amenazar y manejar a los
medios, igual que el de Ayuso es decir que le tienen manía cada vez que
se la investiga por algo. Les ha funcionado las dos primeras veces, con
el padre y con el hermano. Veremos qué pasa en la tercera”.
Que Rodríguez amenazara a una periodista de Eldiario por escrito
—“Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”—, muestra, a juicio de
este miembro de Vox, que “se cree intocable”. La mano derecha de Ayuso borró numerosos tuits de su cuenta
antes de que fuera nombrado oficialmente jefe de gabinete de la
presidenta madrileña, como el que definía a Inés Arrimadas, de
Ciudadanos, como “físicamente atractiva como hembra joven. Políticamente
inconsistente” o el que respondía a Iván Espinosa de los Monteros, de
Vox: “Jódete, imbécil: Avalmadrid. Así os empuren. Idiotas”. Otros tuits
que permanecen visibles al público sugieren hasta dónde podía escalar
Rodríguez en el ámbito privado, como este del 8 de septiembre de 2019:
“El director general y el de Informativos de Telemadrid forman parte de
una trama de contratos irregulares que arrancó cuando presidía el
tránsfuga [Ángel] Garrido. Se les ponen difíciles las cosas. A los
tres”.
La purga de Telemadrid
En febrero de 2020, en una entrevista a El Mundo,
Ayuso declaró: “Podría decir que soy la única presidenta autonómica y
del Gobierno de España que tiene una televisión que le es crítica. Y yo
en eso no tengo ninguna objeción”. Pero alguna debía tener porque tras
dos años de sequía legislativa, la primera ley de la dirigente popular
tras su victoria electoral en mayo de 2021 fue sobre Telemadrid, para controlarla.
Cambió la norma que regulaba al medio —celebrada por la propia Ayuso en
2015— para destituir a su director general, José Pablo López, y poner,
en su lugar, a José Antonio Sánchez, presidente de RTVE en la época de
los famosos viernes negros —cuando los empleados se vestían de luto para
denunciar la manipulación informativa—, cuyo nombre aparece en los papeles de Bárcenas
y que en 2017, en comisión parlamentaria, se había jactado de votar a
los populares. “Es de agradecer que el PP me busque un puestecito”,
dijo. Al frente de Onda Madrid, la radio pública autonómica, colocaron a
Alfonso Nasarre, estrecho colaborador de Rodríguez en la Secretaría de
Estado de Comunicación durante el Gobierno de Aznar. El Tribunal Supremo
ha dado la razón a varios de los trabajadores de la televisión pública
que denunciaron al Gobierno madrileño por despido improcedente tras la
purga, como Jon Ariztimuño, director de informativos de Telemadrid.
“Dirigí unas palabras de despedida al equipo y cuando volví al despacho,
ya no me funcionaban las claves del ordenador”, recuerda. “Y ni
siquiera me pagaron la última semana de trabajo”.
La
lista de purgados es larga. “Había”, recuerda uno de ellos, “una
presión, digamos, normal, que hace cualquier gobierno con cada
televisión pública, y luego estaban las miguelangeladas, cuando
se volvía loco porque no le hacías caso”: “No toleraba que tuviéramos
autonomía. Y yo no puedo demostrar que la campaña de intoxicación contra
nosotros en algunos medios de comunicación era cosa suya, pero cuando
no llegábamos a un acuerdo sobre lo que fuera, después aparecían los
ataques en confidenciales y pseudomedios varios. Nuestro despido se
fraguó en una reunión en Sol [sede del Gobierno madrileño] convocada por
Miguel Ángel Rodríguez”.
La clac mediática
Esdiario es
un medio digital dirigido por Antonio Martín Beaumont, exdiputado
autonómico de Castilla y León con AP (primera marca del PP). En sus
artículos se ha referido a Rodríguez en estos términos: “genial
maniobra”; “nadie discute la brillantez de MAR”; y a la presidenta
madrileña en estos otros: “Da una lección a la izquierda española”;
“Vapulea a [Pedro] Sánchez”; “deja KO a [Juan] Lobato”; “desvela los
colosales datos económicos”... El 1 de enero de 2020, publicó: “El
director de Telemadrid se mete con Ayuso para no explicar sus cuentas
opacas”. El 10 de ese mismo mes: “Caos de Telemadrid: así maniobra su
director para cuadrar su ruinosa gestión“. El 14 de marzo, otro titular
decía: “Telemadrid corta en directo a Ayuso y [José Luis Martínez]
Almeida para emitir a Sánchez enlatado”. Este último texto afirmaba que
el director general “incumplió de manera clamorosa su obligación como
servicio público, al que se había comprometido sólo un día antes en una
conversación con el Gobierno autonómico”. Esdiario es uno de los
medios que difundieron el bulo de los periodistas encapuchados y
acosadores de menores en las inmediaciones de la vivienda de Ayuso.
Escribe Martín Beaumont: ”La figura de la presidenta de Madrid se
deshumaniza con tal saña que se la convierte meramente en ‘enemiga’ a
liquidar. Tal salto cualitativo en el debate público pone en riesgo su
propia integridad física. Y no exagero”.
También
difundieron el bulo del acoso a la vivienda de Ayuso, así como el de las
supuestas “órdenes de arriba” de la Fiscalía sobre el novio de la
presidenta madrileña (ambos obra de Rodríguez), entre otros, El debate, Libertad digital, Vozpópuli y un periodista de The Objective —este último, lo borró posteriormente—. Un
exdirigente del PP asegura que ha visto a periodistas “cambiar
informaciones después de recibir una llamada de Miguel Ángel, que conoce
muy bien, por un lado, la actividad de la prensa, y por otro, la
volatilidad de la opinión pública”: “Puede colocar lo que quiera. Ha
convertido a algunos periódicos en la extensión del PP de Madrid porque
para él es mucho más importante eso; tener relevancia nacional con lo
que sea, que terminar una obra a tiempo”.
La periodista de TVE Silvia Intxaurrondo recuerda que cuando Eldiario.es
publicó la primera información sobre el fraude del novio de Ayuso,
llamaron a la Comunidad de Madrid “para contrastar”. “Una hora después,
el PP tuiteó desde su cuenta oficial: ‘Esta mañana, el programa de
Silvia Intxaurrondo pidió reacciones al PP acerca de una información
sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. No nos las pidieron sobre las
informaciones que afectan a la mujer de Pedro Sánchez, ni nos consta que
se las pidieran al PSOE”. “Esa fue”, opina la presentadora, “la luz
verde del PP para que comenzara una estrategia disuasoria hacia la
prensa: quien publique esta información, será señalado”: “Después, lo
que hace Miguel Ángel Rodríguez es acusarme en un tuit de cobrar en b.
Es decir, no solo te señalan con nombre y apellido, crean bulos para
intentar disuadirnos”. Para Intxaurrondo, quienes difunden esas
informaciones falsas “no pueden llamarse medios de comunicación”: “Son
medios de extorsión y chantaje, que nunca llaman para contrastar lo que
publican y que cada vez hacen más ruido”.
La cena del cuchillo
Ni la táctica de
Rodríguez ni la reacción cuando se destapa es nueva. Mayo de 1997. El
entonces presidente de Antena 3, Antonio Asensio, comparece en el
Congreso de los Diputados. Denuncia que el entonces secretario de Estado
de Comunicación y portavoz del Gobierno de Aznar le amenazó para que rompiera un acuerdo con el grupo PRISA, editor de EL PAÍS, sobre
los derechos televisivos de los clubes de fútbol. Asensio aportó notas
escritas por varios directivos de la cadena —Manuel Campo Vidal, José
Oneto y Jesús Hermida— que fueron receptores de amenazas contra él:
“Asensio no sabe lo que ha hecho firmando con [Jesús de] Polanco y le va
a costar muy caro”; “Dile a tu jefe que terminará en la cárcel como
Mario Conde, que vamos a ir a por él”; “No le van a servir de nada sus
guardaespaldas porque el Gobierno tiene muchos más”... Rodríguez se
justificó entonces: “Si lo dije, no lo hice con la intención de que
mañana iba a hacer algo, sino dentro de la confianza que existía entre
nosotros”. Cuando EL PAÍS le preguntó, la semana pasada por las amenazas
a una periodista de Eldiario.es, respondió en la misma línea:
“Hablo de esa manera con gente con la que tengo confianza. Es un modo
bronco de decir que estaban inventando un caso donde no había”.
Campo
Vidal, entonces vicepresidente de Antena 3, recuerda hoy: “Cuando
firmamos el pacto con Polanco, en la nochebuena de 1996, el Gobierno de
Aznar se lo toma como una traición. Luego hubo una cena de Miguel Ángel
Rodríguez y Jesús Hermida con sus respectivas parejas. Según contó
Hermida, en un momento de la cena, Rodríguez se puso de pie y escenificó
la traición simulando que le estaban clavando un cuchillo. Pocos días
después, además, se presentó una denuncia anónima contra Asensio en la Fiscalía Anticorrupción [fue archivada en 1998]”. En la carta que Campo Vidal redactó para Asensio
y que este, a su vez, entregó en la comisión parlamentaria del
Congreso, se añade: “28 de diciembre de 1996. A petición mía celebré un
encuentro con Pedro J. Ramírez, director de El Mundo, en el hotel
Villamagna, a las 20.00 horas. Pedro J., sin perder la compostura y en
tono correcto, me indicó que lo mejor sería que te llamara a California
[Estados Unidos] y que volvieras para deshacer el pacto del 24 de
diciembre. Al manifestarle nuestro desacuerdo con esa propuesta, Pedro
J. me dijo: ‘Entonces lo único que falta por saber aquí es si el
Gobierno se atreverá a hacer de Antonio Asensio su caso Rumasa o su caso Banesto, procediendo a la intervención”.
El
10 de julio de 1998, al final de las preguntas en la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros, Miguel Ángel Rodríguez informó de su
propio cese como portavoz del Gobierno de Aznar, asegurando que había
sido “una decisión personal”. Para entonces, dirigentes del PP, varios
ministros y sus socios parlamentarios de CiU habían pedido su
destitución. Años después, Aznar recurrió de nuevo a sus servicios. En
2005, primer aniversario del atentado yihadista del 11-M, Rodríguez
preparó un vídeo para su fundación, FAES, que acusaba a los terroristas
de realizar los atentados “para cambiar el Gobierno de España” y a la
izquierda de mentir para “aprovecharse políticamente del drama”, es
decir, justo lo que había hecho el PP. La grabación está repleta de
alusiones a ETA. Hace unos días, en el 20 aniversario de la masacre, FAES recuperó esa tesis: el bulo sobre el bulo. Como cada vez que hay un problema." (Natalia Junquera , El País, 24/03/24)
"Así financia Ayuso a la bulosfera y castiga a los medios “no afines”.
Desde que Esperanza Aguirre llegó en 2003 al poder de la Comunidad de
Madrid (CM) vía Tamayazo, el alegre reparto anual de millones de euros
de publicidad institucional ha sido la seña de identidad de los
gobiernos regionales y locales del PP. Con el tiempo, ese riego
incesante de dinero público ha favorecido la eclosión de una galaxia de
medios, submedios y pseudomedios digitales: lo que antes se conocía como
el sindicato del crimen, ahora se llama la fachosfera. Un denominador
común es que estos medios son sumisos al poder que los financia y
utiliza: ninguno repara en dedicar un trato exquisito a los presidentes y
alcaldes del Partido Popular, aunque ello suponga a veces publicar
bulos, hipérboles o infundios.
Con los años, la sensación de que los medios ultras de Madrid marcan
la agenda informativa del país entero se ha ido haciendo cada vez más
palpable. Una parte de esa impresión se debe quizá a la aparición de esa
pléyade de medios y seudomedios, muchos nacidos al calor del
clientelismo del PP con la intención de utilizar las ayudas públicas
para mentir, desinformar e intoxicar, lo que ha condicionado y ensuciado
cada vez más el espacio público.
Isabel Díaz Ayuso y sus
medios afines llevan años acusando a Pedro Sánchez de ser un dictador,
le llaman hijodefruta, felón y cosas peores, pero la realidad es que es
la presidenta de la Comunidad de Madrid y su jabalí de
confianza, Miguel Ángel Rodríguez, quienes han creado un autocrático
sistema mediático / propagandístico, financiado generosamente, y cuyo
objetivo máximo no es informar ni analizar la realidad, sino proteger y
rendir pleitesía a la presidenta.
Tras ayudarle a ganar su batalla contra Pablo Casado en 48 horas, e
impulsarla hacia la mayoría absoluta en 2023, los comunicadores de
cabecera de Ayuso se dedican estos días a defenderla 24/7 de sus dos
grandes problemas: a) el protocolo de la muerte que acabó de forma cruel
con la vida de 7.291 ancianos en las residencias, y b) el súbito
enriquecimiento que su entorno Maserati (novio, madre, hermano,
exnovio…) ha vivido desde que ella es presidenta.
La Acorazada Mediática de Ayuso está formada por una treintena larga
de medios: los hay grandes, medianos, pequeños e invisibles. Algunos
publican todavía ediciones en papel, pero la mayoría son nativos
digitales. La propaganda se difunde por tierra mar y aire, a través de
webs, blogs, chiringuitos, tertulias, radios, algunas televisiones
privadas y los dos estandartes públicos: Telemadrid y Onda Madrid.
Ese entramado se financia en buena parte con dinero público. En 2022,
Isabel Díaz Ayuso gastó al menos 13.234.287,50 euros* en campañas
publicitarias, según ha podido confirmar CTXT a partir de los datos
publicados en el Portal de Transparencia de la Comunidad y del ente
Canal de Isabel II.
El contrato principal, dividido en dos lotes, uno offline y otro
online, y que se gestiona desde la Consejería de Presidencia, supuso un
gasto en 2022 de al menos 11.481.777,15 euros. Pero los medios elegidos
por el Gobierno Ayuso (que son los mismos desde hace dos años) obtienen
además campañas y fondos adicionales del Canal de Isabel II y del Metro
de Madrid. La inversión declarada por el Canal en su propio portal de
Transparencia fue de 1.752.510,35 en 2022, para un total de 13,2
millones.
Entrando en el detalle de las campañas, lo primero que llama la
atención es que Ayuso repartió la inmensa mayoría del dinero entre
cabeceras o bien ideológicamente afines, o neutras, o casi desconocidas,
obviando en numerosas ocasiones los criterios objetivos que marca la
Ley de Publicidad Institucional 13/2005, que en su preámbulo afirma: “La
realización de las campañas institucionales de publicidad y de
comunicación debe responder a los principios de eficacia, transparencia,
austeridad y eficiencia”. Y que añade: "El propósito de la Ley es que
toda la información llegue a todos los ciudadanos. Para ello, se ordena
la utilización de medios, soportes o formatos que, por un lado, aseguren
el acceso a la información de las personas con discapacidad y, por
otro, atendiendo a criterios objetivos, garanticen mejor la difusión de
los mensajes".
Criterios subjetivos para blindar los bulos y proteger a la cloaca
La Comunidad justifica, sin el menor rubor, en su propio Portal de
Transparencia, que reparte las campañas de prensa atendiendo a los
habituales criterios "objetivos legales" pero añade otros dos que son,
cuando menos, subjetivos y alegales: “La afinidad y la notoriedad”.
La afinidad deja las manos libres a Ayuso para primar de forma
arbitraria a los medios que le gusten sobre los que no, y la notoriedad
supone un paso igual de peligroso, porque parece un ataque a la libertad
de prensa sancionada en la Constitución (el derecho de la ciudadanía a
recibir información plural, veraz y contrastada).
Desde hace cuatro años, en Madrid, si un medio emite mentiras, bulos,
difamaciones y falacias, pero alcanza notoriedad con ello, o muestra
afinidad con el gobierno, se le premia con fondos públicos.
“La ley exige informar sobre los criterios de reparto por medios de
comunicación, siendo los que se aplican criterios objetivos y técnicos
como la audiencia, cobertura, frecuencia, notoriedad y afinidad”,
dice la CM en su web oficial. “Estos criterios son medibles y la
medición es realizada por empresas independientes a nuestra
institución”. Ya saben: la notoriedad y la afinidad son criterios
objetivos, técnicos y medibles por empresas independientes.
Ese párrafo copia una respuesta oficial que el Gobierno de la
Comunidad de Madrid dio en julio de 2022 a una pregunta parlamentaria de
la exdiputada Alejandra Jacinto sobre el reparto de la publicidad del
Canal de Isabel II.
Quizá por eso, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez,
se ha sentido capaz de amenazar estos días a una periodista de elDiario.es con
“triturar y cerrar” su medio, y ello pese a la notoriedad alcanzada por
las informaciones sobre los pelotazos y los delitos fiscales admitidos
por la ya imputada pareja de Ayuso. Por suerte para el digital de
Ignacio Escolar, su exitoso modelo empresarial apenas notará la posible
pérdida de los 130.000 euros que Ayuso tuvo a bien concederle en 2022.
Las cifras del reparto
El análisis de las campañas distribuidas ese año muestra cómo
funciona el modelo sectario del Gobierno Ayuso. Al menos 9,1 millones de
euros gastados en inserciones publicitarias directas se destinaron a
medios generalistas (supuestamente) informativos. El resto se repartió
entre revistas especializadas (música, turismo…) y plataformas como
Google, Instagram, Facebook o Tik Tok.
De los 9.109.258,79 millones destinados a medios, al menos 6,21
millones fueron para la prensa escrita y 2,89 millones para medios
audiovisuales. Si detallamos el reparto entre medios afines (o neutros) y
no afines, la desproporción hacia los primeros es patente: 7,42
millones fueron para cabeceras y grupos amigos o neutros, frente a los 1,67 millones entregados a los enemigos.
En la prensa escrita, el reparto global de cantidades más o menos
relevantes fue el siguiente (subrayados en rojo los medios no afines, y
en beige los conservadores, neutros y/o afines).
La inversión de 6,21 millones en medios offline se repartió entre 46
medios, y se troceó en 1.165 campañas publicitarias, de las cuales casi
el 90% (978 campañas) fueron a parar a medios afines o alejados de la
información autonómica, como La Vanguardia. En dinero contante,
los buenos también ganaron por goleada (5 a 1) a los malos: los
primeros (34 medios en total) se repartieron 5,2 millones; los 12 medios
“no afines” compartieron menos de un millón, 997.609,32 euros.
Veamos las cantidades distribuidas entre los medios conservadores y ultraconservadores. El Mundo lidera la tabla con 56 campañas y 699.436 euros, seguido del gratuito 20 Minutos (Grupo Henneo) y del ABC, ambos por encima del medio millón de euros. La Razón,
del Grupo Planeta, quizá uno de los menos leídos del pelotón, se llevó
69 campañas y más de 423.000 euros, con lo que superó a OkDiario, el portal de las cloacas. La web de Inda recibió 24 campañas y se embolsó más de 372.000 euros. Por su parte, La Vanguardia se tuvo que conformar con 123.000 euros.
En la tabla destaca la partida Prensa Local y de Distrito, que
recibió 789.000 euros: son los periódicos gratuitos de barrios y pueblos
que se pueden recoger por los portales de las casas. Propaganda de
cercanía.
Nótese también la equilibrada generosidad de Ayuso al financiar a la
abigarrada galaxia de medianos, pequeños, diminutos e irrelevantes
chiringuitos de la fachosfera y la bulosfera.
El reparto entre los medios no afines al Gobierno Ayuso confirma el sesgo de arbitrariedad. elDiario.es es el segundo que más dinero recibe, tras El País (el líder de la prensa nacional es solo el segundo que más campañas y dinero obtuvo, por detrás de El Mundo). De la misma forma, elDiario.es tuvo menos ayuda que, por ejemplo, Libertad Digital (el medio escrito de Jiménez Losantos) o Vozpópuli (fundado por Jesús Cacho). Mientras, ABC o La Razón duplicaron los ingresos de La Vanguardia y recibieron cerca del 80% de lo que recibió El País.
[Sorprendentemente, en la lista aparece esta revista, a la que la CM llama Contexto,
con una aportación de 1.049,99 euros. Debemos aclarar que CTXT nunca
recibió ese dinero, ni ha recibido un euro de ninguna institución
madrileña desde 2020. Desde ese año no supimos nada de la agencia de
medios que reparte las campañas de la CM, Irismedia. Cuando en 2023 publicamos que cinco medios estábamos estudiando denunciar el veto de Ayuso y Almeida,
la agencia nos hizo una oferta que declinamos: un anuncio de un mes de
duración, a cambio de 363 euros. Irismedia es la agencia de confianza de
la CM desde hace años; repartió las campañas de 2022 y 2023, y en
septiembre de 2023 obtuvo la prórroga del Acuerdo Marco, que durará
hasta el 26 de diciembre de 2024]
Como se puede deducir de la tabla anterior, el veto de Ayuso a la
mayoría de los medios digitales progresistas y de izquierdas siguió
vigente durante 2023 y seguirá vigente durante 2024. Cabeceras
consolidadas, con millones de lectores anuales (no de pinchazos), y que
trabajan con altos estándares profesionales y éticos como Infolibre, CTXT, El Salto o La Marea no recibirán, un año más, ni un euro de los impuestos de los madrileños y madrileñas.
Veamos para acabar el pastel de los medios de radio y televisión.
Aquí la desproporción entre lo que recibieron los medios amigos y los
críticos es igualmente palpable. Entre la COPE (Conferencia Episcopal),
el Grupo Planeta (Onda Cero), y Telemadrid y Onda Madrid (Ayuso) se
llevaron casi toda la inversión. De un total de 2,89 millones gastados,
2,2 millones fueron destinados a diez medios afines y apenas quedaron
681.000 euros para los no afines.
EdATV, un chiringuito fascista, recibió 26.500 euros. Jiménez
Losantos (Esradio) cobró 242.415,35 euros. Sumados a los 213.170,05
euros que recibió como medio escrito en Libertad Digital, el ardoroso líder de opinión del ayusismo se embolsó 475.585,40 euros en 2022.
A modo de resumen: de los al menos 9,1 millones de euros de dinero
público destinados en 2022 por la CM a inserciones publicitarias en
medios, Ayuso entregó 7,42 millones a diarios afines o neutros y 1,67
millones a medios más críticos, dejando fuera del todo a los medios más
progresistas. Es una desproporción brutal, de 7 a 1, que coarta el
derecho legal de toda la ciudadanía madrileña a conocer la información
institucional de la CM, y que excluye y castiga a muchos medios y
lectores que prefieren un periodismo distinto.
Al incorporar la afinidad y la notoriedad como criterios para el
reparto, el Gobierno regional (y el ayuntamiento) protegen además a
numerosos medios basura, irrelevantes o intoxicadores, que no tienen un
solo suscriptor y a veces ni siquiera plantilla, y ponen en peligro la
supervivencia de cabeceras que defienden un periodismo ético, no
partidista y de servicio público.
En 2023 y 2024 (los datos no se conocen todavía), pueden estar
seguras, todo lo que hemos contado aquí habrá sido (y será) bastante
peor. " (Miguel Mora, CTXT, 23/03/24)
